La Comisión de Protección al Consumidor busca una solución permanente al problema de la indexación de precios de los servicios móviles. En el estudio de Televisión nacional de Bulgaria, Stoil Alipiev, presidente de la Comisión, ha señalado que existen argumentos legales que protegen a los consumidores, y otros que están a favor de los comerciantes. Según Alipiev, la cláusula de indexación se ha fijado de antemano y se ha notificado al usuario y él la ha aceptado. Por otra parte, el importe de la sanción impuesta a un comerciante es desproporcionado con respecto al daño colectivo que causa. 

El jefe de la Comisión ha señalado que sobre el telón de fondo de facturaciones de cientos de millones o miles de millones, una multa de hasta 25.000 euros no tiene ningún efecto disuasorio. Las prácticas comerciales desleales se imponen tanto en la indexación incorrecta como en cualquier otro tipo de comportamiento desleal de los comerciantes, precisó Alipiev.