Suman 133.245 son las personas que poseen armas en Bulgaria y poco más de 55.600 de éstas son actuales o antiguos funcionarios de entidades del ámbito de la defensa y la seguridad en Bulgaria, indican datos de finales de 2022. Últimamente en Bulgaria se han vuelto frecuentes los crímenes perpetrados con armas legales. Tuvo una repercusión muy fuerte en el espacio público el caso de un ex policía que mató con un disparo a un vecino suyo con quien estaba en conflicto desde hace años. La víctima era el famoso psicólogo Iván Vladimirov.

Resulta que contra el ex policía habían sido realizadas muchas denuncias de amenazas contra vecinos, pero no hubo reacción y como consecuencia de esto se llegó al trágico desenlace. Un mes antes, en una entrevista por la tele, el propio psicólogo expresaba sus recelos de que las disposiciones normativas en Bulgaria propician los desenlaces fatales en casos de disputas entre vecinos. 

El caso planteó varias preguntas del interés de toda la sociedad: ¿Cómo se regula la expedición de un permiso para la posesión de armas en Bulgaria y si hace falta que el acceso a éste sea dificultado? ¿Qué protección pueden esperar las personas torturadas por vecinos suyos?

Para imponer un castigo contra alguien desde el punto de vista del derecho penal, hace falta una condena que haya entrado en vigor contra la persona en cuestión. En el resto de los casos la persona está sometida a medidas penales como advertencias o multas.  La reacción más frecuente por parte del Ministerio del Interior en el caso de conflictos entre vecinos es expedir protocolos de advertencia. Una medida de esta índole, sin embargo, puede tener un efecto meramente ficticio cuando hay múltiples denuncias contra la persona que no han sido seguidas por una reacción por parte de las instituciones:

“Imponer una sanción financiera, o sea una multa, puede tener un efecto preventivo mejor en determinados casos, explica el jurista.

Hay una característica de la psicología humana que muestra que al multar a alguien el efecto preventivo es más alto.

En Bulgaria la Ley de armas, municiones, sustancias explosivas y artículos pirotécnicos reglamenta el círculo de personas que tienen el derecho a poseer armas y las condiciones a las cuales deben ajustarse”.

“Si uno desea poseer un arma debe responder a algunos requisitos: no haber sido condenado, no tener deudas fiscales, que no haya un procedimiento penal contra la persona, que esté psicológicamente sana, que haya pasado un curso de manejo de armas y que posea las respectivas condiciones para guardarla, explica Dimitar Stoyanov. Hace falta indicar la cantidad de munición que uno posee.

Incluso si se ajusta a estas condiciones uno debe indicar la razón concreta por la cual desea adquirir un arma propia”.

Según instrucciones del Ministerio del Interior, el funcionario uniformado tiene el derecho a utilizar su arma si es testigo de un crimen que requiere su intervención. No tiene el derecho de llevar arma en dos ocasiones: cuando está de vacaciones o viaja al extranjero, y cuando faltan las condiciones para guardar el arma de fuego que se le ha proporcionado. 

A juicio de los entendidos, sin embrago, en el sistema del Ministerio del Interior representa un problema grave la falta periódica de pruebas psicológicas que se hagan después del examen obligatorio cuando uno es contratado.

Los funcionarios de las entidades que operan en el ámbito de la defensa y la seguridad tienen derecho a poseer un arma cuando dejan de ocupar el respectivo cargo, pero igual que las personas físicas, ya están sometidos a controles durante un periodo determinado para comprobar si pueden retener las armas o no.

El desenlace fatal de la disputa entre los vecinos de comienzos de febrero infundió miedo entre las personas que viven en bloques de viviendas, Por esto los expertos ven la necesidad de un mecanismo mediante el cual, al comprobarse violaciones sistémicas del orden público por parte de un propietario de un arma de fuego, éste sea sometido a una sanción: la expropiación del arma.

A juicio de jurista Dimitar Stoyanov, sin embargo, la lucha contra distintos tipos de crímenes no será muy eficiente hasta que no se modifiquen las leyes.

“No se puede analizar un problema como los robos en viviendas o la violencia doméstica y tratar de resolverlo por separado. Hace falta examinar los puntos débiles de la legislación con la participación de todas las partes interesadas: la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y las organizaciones civiles y encontrar un enfoque legislativo que resuelva los problemas en conjunto. Hace falta actualizar la ley del Ministerio del Interior, así como algunos artículos del Código Penal para que el sistema financiado por los impuestos de los ciudadanos responda a las expectativas que tienen con respecto a su seguridad y justicia”, ice categórico el jurista.

Versión al español de Hristina Táseva