El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite en esencia la petición de Iván Gueshev, fiscal general, de que sea declarada anticonstitucional  la eliminación del Tribunal y la Fiscalía especializados. Los magistrados han otorgado un plazo de un mes para  las posiciones de las partes interesadas. El  Tribunal Constitucional no se ha comprometido con plazos y es posible que la decisión se vuelva un hecho después del próximo 28 de julio, cuando por ley deberán dejar de existir el Tribunal y la Fiscalía  especializados.

El Consejo Superior de la Judicatura habrá de discutir la forma en que procederá  a  la hora del renombramiento de los magistrados especializados y los respectivos empleados, la transferencia de las causas y el resto de las consecuencias generadas por la clausura de los tribunales y las fiscalías especializados.