Juristas de la Organización Programa de Acceso a la Información analizan en un informe el acceso a la información en Bulgaria en 2018. El informe es anual y se publica sin interrupción desde el 2001. La conclusión de los analistas es que está en constante aumento la información que las instituciones obligadas por ley publican en sus sitios web. Se observan también cambios positivos en la práctica jurídica en relación con la Ley de Acceso a la Información Pública. El informe también reporta que los ciudadanos que piden acceso a la información conocen cada vez mejor la Ley y sus derechos.

Tras analizar los resultados de la legislación y las prácticas, los autores del informe hacen recomendaciones para agilizar los trámites administrativos, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la Administración.

Somos testigos de un esfuerzo activo por parte de la Administración para cumplir con sus obligaciones conforme a esta Ley –dice el abogado Alexándar Kashumov, uno de los autores del informe– . Además reconocemos el papel positivo de instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Departamento de Modernización de la Administración del Consejo de Ministros, que dedica muchos esfuerzos a la plataforma mediante la que se podrán cursar solicitudes electrónicas, que empezará a funcionar en cualquier momento. Los tribunales del país y el Tribunal Supremo Administrativo también cumplen bien sus funciones. Lamentablemente, se observan, asimismo, cosas negativas. En 2018, cuando esperábamos que las demás instituciones se unieran a los esfuerzos conjuntos para implementar mejor la Ley, para lograr una mayor transparencia de las instituciones, un mayor control civil sobre su trabajo, el acceso a la información pública sufrió el peor golpe desde que la Ley de Acceso a la Información Pública fuera adoptada en el año 2000. Con una iniciativa legislativa opaca en la Comisión Jurídica del Parlamento fue presentada una enmienda que revoca la segunda instancia la cual permite a los ciudadanos y las personas jurídicas presentar recursos de casación. De esta manera, en ausencia de control administrativo por parte de una autoridad administrativa superior, en la actualidad este derecho puede ser defendido en una sola instancia.

En términos de cualidades, la Ley de Acceso a la Información Pública de Bulgaria ocupa el lugar 52 entre 123 leyes similares en el mundo. Las objeciones de los juristas que confeccionan esta lista internacional apuntan sobre todo al mecanismo de sanciones y a la falta de un comisionado de información a cargo del control administrativo, y ahora también a la resolución de los casos en una sola instancia. Según el abogado Kíril Terzíyski del Programa de Acceso a la Información, al suprimir la instancia de casación se eliminará la posibilidad de corregir las decisiones tomadas en primera instancia.

Es una enmienda que encierra riesgo porque crea la premisa de no poder recurrir en grado de casación. Logramos estar en ayuda de los ciudadanos. De los casos en que hemos ofrecido asistencia legal el año pasado, registramos que hay 60 sentencias dictadas por los tribunales, de las cuales 50 están a favor de las personas que han buscado acceso a la información y apenas 10, al de la Administración. Mi consejo es que los ciudadanos insistan en la información, que sean activos y no se desesperen en la búsqueda de justicia porque pueden confiar en organizaciones como la nuestra.

Junto con su informe anual, el Programa de Acceso a la Información ha anunciado el inicio de su nueva campaña, en la que se otorgará a un ciudadano, una organización no gubernamental, un periodista y una institución el Premio Llave de Oro. También habrá dos anti premios. Uno de ellos, Candado, será entregado a una institución y el otro, Clave Atada, se concederá a la decisión más absurda y divertida impuesta en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Versión en español de Daniela Radíchkova
Foto: Guergana Mancheva