El proyecto para la construcción en Bulgaria de una central electronuclear se remonta a la época del comunismo, al existir desde casi unos 40 años. Sin embargo, no hay todavía tal central nuclear. Boyko Borisov, primer ministro de Bulgaria, llegó a calificar el proyecto de un “charco”, que, sin embargo, ya se ha convertido en un agujero negro financiero que se ha tragado sin rastro alguno casi dos mil millones de euros, sin ningún efecto visible de esta cuantía. Una buena parte de esta suma se ha invertido en obras de infraestructura, actualmente innecesaria, indispensable para la futura central atómica. Más de 600 millones de euros han sido pagados por los dos reactores nucleares encargados a Rusia que los ha fabricado pese a haber quedado congelado el proyecto por el Parlamento de Bulgaria, y los ha suministrado. Estos días se conoció la noticia de que un tribunal de arbitraje había dictaminado que Bulgaria deberá pagar, con los intereses, unos nuevos 32 millones de euros a la compañía consultora para el proyecto, la WorleyParsons Nuclear Services, por omisiones en el contrato entre los dos socios, o sea, por el mal trabajo hecho por los peritos jurídicos búlgaros. Conviene recordar que a esta compañía ya se le han pagado 265 millones de euros.

El proyecto inconcluso pero, en cambio, costoso –se estima que costará unos 10 mil millones de euros– sigue provocando controversias y conflictos en los círculos políticos y energéticos. La cuestión es, ¿necesita Bulgaria una tal segunda planta nuclear?, y, ¿cuáles serían los beneficios económicos de la misma? El lobby atómico asegura que dentro de 10 a 15 años –plazo durante el cual concluirán las obras de construcción en Bélene– Bulgaria sufrirá un déficit de energía eléctrica, sobre todo barata, que únicamente es capaz de generar una central nuclear. Los adversarios de esta tesis afirman que una nueva instalación nuclear no resultará jamás rentable sobre el telón de fondo de los bajos precios de venta de la corriente eléctrica en Bulgaria debido a la pobreza de la población y la debilidad de la empresa nacional. Agregan, además, que el consumo de energía eléctrica en Bulgaria disminuye constantemente y que las centrales termoeléctricas convencionales, la vieja central atómica de Kozloduy y las fuentes de energía renovables resultarán completamente suficientes a mediano plazo. Esas personas tampoco temen las medidas de la UE tendentes a reducir la generación de energía por centrales termoeléctricas de carbón debido a consideraciones ecologistas.

El porvenir de la segunda planta nuclear en Bulgaria sigue siendo problemático, asimismo, por las condiciones que las autoridades imponen a los inversores en potencia. Según las autoridades oficiales, la nueva central deberá ser predominantemente privada, con una participación mínima del Estado búlgaro, habrá de funcionar sin ayudas estatales, sin subvenciones y sin precios de venta garantizados del fluido eléctrico. Los expertos replican que en ningún país del mundo se ha construido ni funciona una planta electronuclear sin cierta participación del Estado. Obviamente, al darse cuenta de que, de momento, el interés inversionista por el proyecto se mantiene bastante débil, las autoridades búlgaras han intentado incluso vender los dos reactores nucleares ya suministrados por Rusia, pero de momento no hay interés por la adquisición de los mismos. Se está barajando, además, la variante de poner en funcionamiento estos dos reactores en la ya existente central nuclear de Kozloduy.

Las contradicciones, el profesionalismo flaco, la inexistencia de una clara estrategia energética, las pugnas entre lobbies distintos, las medidas punitivas judiciales contra Bulgaria y los enormes recursos financieros gastados hasta ahora por nada conforman los elementos que caracterizan a esta etapa el espejismo del proyecto para una segunda planta nuclear en Bulgaria. Con todo, habrá que encontrar alguna solución. Encontrarla no a nivel de expertos donde los ingenieros, los proyectistas y los constructores ven bien claro los problemas y sí están en condiciones de lograrla. Es que se trata, antes que nada, de encontrar una solución política. Esto resulta imprescindible sobre el telón de fondo de los ingentes gastos públicos que ya se han hecho en la construcción y los cuales, de momento, no redundan en beneficio alguno para el país. Es evidente que las cosas no se pueden dejar a la deriva, a la buena de Dios. Hay que poner punto lo antes posible al gasto insensato de dinero y defender los intereses del Estado y de todos sus ciudadanos