Desde el pasado 13 de mayo los búlgaros disfrutan de libertad fiscal, o sea, están trabajando ya para sí mismos, y no para pagar impuestos y tasas al Estado, los municipios, la Seguridad Social y la Sanidad. Así lo han calculado en el Instituto de Economía de Mercado, cuyos expertos precisan que en 2018 los búlgaros han trabajado para el erario público nada menos que 132 días.
En realidad, en Bulgaria los impuestos directos e indirectos que abonan las personas físicas y las empresas son de los más bajos en Europa. Así, por ejemplo, el IRPF es de un 10 %, independientemente del monto de los ingresos que uno tenga. Este impuesto del 10 % se aplica asimismo en lo tocante a las ganancias corporativas. Tiene gran número de impugnadores que consideran que este impuesto no está argumentado y que los ingresos más altos deberían ser gravados con impuestos superiores. De momento, sin embargo, las autoridades consiguen mantener este nivel bajo para todo el mundo, y la más contenta con ello parece ser la administración fiscal para la cual lo más fácil es manejar un impuesto igual para todos.
Los impuestos indirectos, básicamente el IVA, tampoco son de los más elevados en Europa. El Impuesto sobre el Valor Añadido grava todas las transacciones comerciales con un 20 %. No hay bienes de consumo ni servicios eximidos de este impuesto o gravados con un porcentaje preferencial de IVA, salvo en el turismo. Una vez más, la más contenta con esta unificación es, sobre todo, la administración fiscal, ya que este impuesto no le crea dificultades complementarias. Hasta ahora se han quedado infructuosos los llamados de activistas de izquierdas y de expertos de orientación social quienes insistían en porcentajes diferenciados y hasta de cero por ciento del monto del IVA sobre medicamentos, libros, periódicos, entre otros muchos bienes y servicios considerados de importancia vital.
El monto moderado de los impuestos en Bulgaria permite asimismo una intervención relativamente baja del Estado en la repartición del Producto Interno Bruto, PIB. Actualmente el Estado gestiona casi un 37 % del PIB dejando a las empresas recursos más cuantiosos que éstas puedan emplear a su conveniencia y por su propia responsabilidad. Y es que este dinero no es poco. Desde el Instituto de Economía de Mercado aseguran que cada día en Bulgaria se generan 145 millones de euros.
Este distanciamiento relativo del Estado de las rentas de las empresas y los ciudadanos es, sin embargo, un arma de doble filo. El que a los contribuyentes no les sustraigan todos los ingresos es la buena noticia. Sin embargo, esta débil intervención del Estado no es capaz de colmar sus arcas en grado suficiente para que sean financiados los gastos del Estado, y ahí está precisamente el reverso de la medalla.
Todo el mundo se está quejando de la falta de dinero para financiar sectores públicos de importancia extraordinaria como son la Sanidad, la Educación, la Asistencia Social, las pensiones, la Defensa y la Seguridad, etc. El problema es que no hay manera de alterar esta situación sin aplicar un aumento de los impuestos y de la parte que de éstos irá a parar a las arcas del Estado. De ocurrir así, bajarían los ingresos de los empresarios y de los ciudadanos de a pie. De manera que actualmente se está en un círculo vicioso y, de momento, no se vislumbra una salida. Hay que reconocer, eso sí, que tal salida no está siendo buscada afanosa ni insistentemente, con excepción de la oposición de izquierdas. Conviene recordar a estas alturas que, de hecho, la idea para implementar el impuesto plano unitario del 10 % la había alumbrado precisamente la izquierda nacional en la persona del Partido Socialista Búlgaro. Hoy éste ha cambiado de opinión pero no tiene la posibilidad de alterar las cosas desde su posición de fuerza política opositora en el Parlamento.
Un sondeo sociológico recientemente efectuado por la agencia “Trend” no hace sino confirmar que los búlgaros reclaman con nitidez un papel serio del Estado en sus vidas pero que, no obstante ello, no se muestran propensos a que este papel sea reforzado por un aumento de los impuestos. Así, un 60 % de los encuestados han señalado que el Estado debe bajar los impuestos aunque quede menos dinero que encauzar a ayudas y servicios sociales. Sólo un 25 % de los entrevistados han insistido en que el Estado eleve los impuestos para asignar recursos más cuantiosos a las ayudas y los servicios sociales. Según un 37 % de los encuestados la intervención del Estado perjudica a la economía, en tanto que para un 44 % tal injerencia la está apuntalando.
De momento persiste como prioridad fundamental del Ejecutivo conservar la estabilidad financiera y así movimientos bruscos en este terreno no se prevén ni se esperan. El status quo se mantiene y está siendo acogido como algo preestablecido por la mayoría de los búlgaros que, como se ha dicho al comienzo, ya disfrutan de libertad fiscal para el año en curso.
Versión en español por Mijail Mijailov
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