El informe más reciente de la CE −que es el décimo séptimo hasta la fecha− sobre el progreso de Bulgaria en el terreno de Justicia e Interior ha desatado el miércoles unas reacciones que ponen de relieve la existencia de discrepancias diametralmente opuestas entre las fuerzas políticas. Para el partido gobernante GERB y los Patriotas Unidos, socio de coalición, el informe es objetivo y, en última instancia, positivo, porque no recoge nuevas recomendaciones y, en lo tocante a sugerencias anteriores, registra determinado cumplimiento. Ofrece motivo de especial satisfacción a los gobernantes la circunstancia de que por primera vez en un informe de la Comisión Europea, se admite que el Monitoreo del sistema de Justicia y el interior en Bulgaria pueda ser revocado en 2018. Sin embargo, según el opositor Partido Socialista Búlgaro, las constataciones que hace la CE hablan de un “fracaso” y, según el otro partido opositor, El Movimiento por Derechos y Libertades, aluden a un “fracaso objetivo” en estos terrenos. Para los del Partido Socialista Búlgaro, el registro de un cumplimiento parcial de las recomendaciones significa, en última instancia, que ninguna de éstas ha sido cumplida. Para el Movimiento por Derechos y Libertades es testimonio de un “fracaso objetivo”, puesto que la CE concluye que, a esta etapa, ninguna de sus recomendaciones ha sido cumplida en grado satisfactorio.
Aportó un matiz específico a las reacciones de los gobernantes la coalición de los Patriotas Unidos desde la cual reclamaron que el Monitoreo y Control de la CE sobre la Justicia y el Interior de Bulgaria y de Rumanía, o bien, debería quedar suspendido, o bien, verse acompañado de un Monitoreo de estas esferas sobre otros países europeos en los que, según los Patriotas Unidos, se vienen observando incluso transgresiones más graves.
Es un hecho que el Mecanismo de Cooperación y Verificación de la CE sigue en vigor y que, tras el enésimo informe, obviamente no es capaz de motivar a las fuerzas parlamentarias a que aúnen sus esfuerzos con vistas a eliminar los fundamentos para su permanencia. El día en que se hacía público el informe de la CE, en el Parlamento se produjo un escándalo por la petición de los socialistas de que el primer ministro compareciera para explicar una afirmación suya de que entre los diputados habría personas involucradas en tráfico de drogas y compra de votos. Dimitar Glavchev, presidente del Parlamento, expulsó de la sala plenaria a Kornelia Nínova, lideresa del Partido Socialista Búlgaro, y a su vez, los diputados socialistas iniciaron una colecta de firmas para la destitución del jefe parlamentario. Los representantes del Partido Socialista Búlgaro abandonaron, por el escándalo, la sesión parlamentaria, seguidos, poco después, por los integrantes del grupo parlamentario del Movimiento por Derechos y Libertades.
Las valoraciones contradictorias de los gobernantes y la oposición sobre el informe de la CE se suman a la tensión causada por la iniciativa del partido GERB de enmiendas a la Constitución que elimine la prescripción de delitos cometidos en transacciones de privatización en el período de 1992 a 2017. Desde el partido GERB reconocen que su iniciativa se vincula con la moción de censura al gobierno, por corrupción, preparada por el Partido Socialista Búlgaro. Al calificativo de “privatizadora principal”, como la han definido desde el partido GERB, la lideresa del Partido Socialista Búlgao, Kornelia Nínova, ha replicado insistiendo en que se investiguen asimismo las concesiones y los grupos delictivos en el período de la transición, y reclamó que los ”hampones” de la transición abandonen el gobierno del Estado. De esta manera y de una forma paradójica el informe de la CE sobre el discutible progreso de Bulgaria en las esferas de la Justicia y el Interior se ha enfrentado a una fase nueva de las polémicas entre las fuerzas políticas primera y segunda en el país, sobre cuál de las dos es la más corrupta. La controversia, amén de paradójica, resulta insensata si se toma en consideración la verdad objetiva de que en el período en que Bulgaria ha sido objeto de Monitoreo y Control por problemas en la Justicia y el Interior, ambos partidos, el GERB y el Partido Socialista Búlgaro, han sido los responsables por estos problemas por haberse alternado los dos, durante años, en el gobierno del país.
Versión en español por Mijail Mijailov
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