Bulgaria sigue siendo sacudida por segundo mes consecutivo por la repercusión causada por una reunión controvertida sostenida por el fiscal general con un destacado empresario del sector del gas y mantenida con la mediación de otro empresario, activamente implicado en la vida política nacional. Últimamente, los rumores en torno al polémico caso han trascendido el ámbito de las circunstancias concretas para internarse en la complicada esfera de la separación de los poderes. La Constitución estipula una repartición rigurosa de las funciones de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial entre las instituciones correspondientes pero es evidente que actualmente no hay tal, a juzgar por la escalada de la tensión entre ellas y dentro de ellas.

El pasado fin de semana, en rueda de prensa, el fiscal general, Sotir Tsatsarov, reclamó que se regule con precisión con qué tipo de personas y cómo pueden reunirse, no sólo él, sino todos los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo. Además, Tsatsarov defendió la tesis de que no sólo el fiscal general, sino también los presidentes del Tribunal Administrativo Supremo y del Tribunal Supremo de Casación deben ser objeto de algún tipo de mecanismo de control. Según el fiscal general, empero, este mecanismo se puede implementar no por medio de enmiendas constitucionales −que es lo que pretende el presidente del Tribunal Supremo de Casación−, sino únicamente a través de unos complementos a la Ley de Poder Judicial y al Código Penal.

Las declaraciones de Sotir Tsatsarov cuestionan, de hecho, la competencia de algunas actuaciones del presidente del Tribunal de Casación, institución autorizada a pronunciarse en lo tocante a la constitucionalidad de las actas estatales. La admisión de las actuaciones de Lozan Panov, presidente de este tribunal, fue puesta en tela de juicio, unos días atrás, también por el presidente de Bulgaria, Rumen Radev, quien se negó a satisfacer el llamado de aquél a formar una comisión especial que se pronunciara sobre la admisibilidad de la polémica reunión del fiscal general con dos empresarios. Al comentar el comportamiento del presidente del Tribunal Supremo de Casación, el jefe de Estado ha manifestado que la institución presidencial no puede ser rehén de intrigas interpersonales en el sistema de Justicia y ha exhortado a los representantes de éste a abstenerse de comentarios políticos y a abandonar el sistema de Justicia, si es que quieran ser políticos.

El primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, también se ha mostrado renuente a secundar las pretensiones de Lozan Panov, presidente del Tribunal Supremo de Casación. Accedió a atender a éste en reunión especial pero en presencia de Ekaterina Zajarieva, viceprimera ministra, encargada de la reforma judicial, y de TsetskaTsacheva, ministra de Justicia. Al término de esta reunión, Borisov no hizo comentario alguno, Tsachev discrepó de la valoración del presidente del Tribunal Supremo de Casación de que los cambios hasta ahora en el sistema judicial habrían sido “un simulacro de reformas”, mientras Zajarieva le exhortaba a Panov a que fuera más concreto.

De algunas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Casación se puede deducir que su descontento no parará ahí y que, a pesar de sus desaciertos hasta ahora, llevará sus argumentos ante las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Los problemas relacionados con la separación de los poderes resultan bastante complicados para el búlgaro de a pie y así posiblemente no entienda en su profundidad la escandalosa polémica. Sin embargo, el hecho mismo de que esta polémica se haya desarrollado a un nivel tan alto y durante tanto tiempo sin resultado determinado, mueve al ciudadano de a pie a seguir las cosas con un alto grado de atención y curiosidad. Probablemente también sienta cierta irritación ante el hecho de que en la separación de los poderes en Bulgaria siguen persistiendo problemas más de un cuarto de siglo tras el comienzo de los cambios democráticos en este país.

Versión en español por Mijail Mijailov