Durante la semana saliente el primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, presentó la dimisión de su Gabinete. Éste seguirá funcionando hasta que sea formado un nuevo Gobierno, probablemente provisional. Ante la duda de si un Gobierno dimisionario tendría tiempo de ocuparse de transacciones públicas por miles de millones cuyo procedimiento está en marcha, el futuro de las mismas se vuelve incierto. Además, el cumplimiento de esos acuerdos puede verse obstaculizado por las objeciones o el cabildeo de algunos de los demás partidos políticos.

A inicios de 2016, la entrega en concesión del Aeropuerto de Sofía, por ejemplo, fue definida como el mayor acuerdo y se estimaba que aportaría 280 millones de euros al Presupuesto Público. El dinero sería una inyección de rescate para los endeudados Ferrocarriles Estatales búlgaros. Ahora ya está claro que hasta fines de año no habrá acuerdo porque el Ministerio de Transporte prorrogó en dos ocasiones el plazo de presentación de las ofertas, siendo el nuevo el 14 de diciembre. El Partido Socialista búlgaro se opuso a la concesión del Aeropuerto y hará todo lo posible para impedirla. En contra están también los sindicatos, así como Ryanair, la mayor compañía aérea de bajo coste en Europa, que recientemente puso un pie en Bulgaria.

Es incierta asimismo la obtención de nuevos equipos militares. El conjunto del ministro de Defensa dimisionario, Nikolay Nenchev, elaboró dos de los proyectos más costosos para la modernización del Ejército Búlgaro: la adquisición de un nuevo tipo de caza por un total de unos 770 millones de euros, y la compra de dos nuevos buques patrulleros por el monto de 420 millones de euros. Hacienda aprobó los gastos y los incluyó en el marco presupuestario para este mismo año. Se necesita, empero, que los gastos sean aprobados también por el Parlamento, y éste ya se va. Incluso diputados del liderado por Borisov partido GERB se mostraron reticentes respecto a la compra de nuevos navíos, y desde el Frente Patriótico presumieron que la futura contratación pública ya estaba predeterminada. Mientras tanto, a la espera de su turno está el proyecto de adquirir vehículos blindados para el Ejército de Tierra por un importe de 500 millones de euros.

Otra gran incógnita es el cumplimiento del millonario programa de rehabilitación energética de viviendas. Hasta la fecha, en virtud de este programa han sido presentadas más de 4000 solicitudes en todo el país, y ya han sido aprobadas para financiación 2918 solicitudes por un valor de unos 500 millones de euros. No obstante, no está claro ni si, ni cuánto dinero pagará hasta finales del año el Gabinete dimisionario al Banco Búlgaro de Desarrollo para cubrir los gastos incurridos. El Banco espera un lote de 500 millones de euros, aproximadamente. Es muy importante si el GERB cumple su compromiso para no legar una deuda en este rubro.

Una vez más es incierta la introducción del peaje de autopistas. Desde la primavera de 2016 el Gobierno de Boyko Borisov ha estado intentado elegir un contratista pero el contrato, por valor de 100 millones de euros, ha sido bloqueado tres veces por reclamaciones presentadas por empresas y es poco probable que finalice este año. Los socialistas, que no se oponen a la introducción del peaje sino a la manera de adjudicar el contrato, insistían en que el tema se debe debatir en el Parlamento, lo cual no ocurrió.

Además urge distribuir cerca de 1500 millones de euros financiados por la UE para autopistas y vías ferroviarias. Lo mismo es válido para diversos proyectos locales en el sector del agua por una suma de 300 millones de euros, y un largo etcétera.

De esta manera los proyectos de inversión y las transacciones por miles de millones se convirtieron en rehenes del vacío de poder que se produjo tras la dimisión del Gabinete y de la incertidumbre política en el país hasta las elecciones anticipadas el próximo año. Su realización depende de si los actores políticos conseguirán proceder con pragmatismo en este momento de atemporalidad.