Cuando recientemente se solidarizaba con el ministro dimisionario de Justicia. Jristo Ivanov quien tuvo que dimitir por las virulentas críticas en el Parlamento de sus ideas de reforma judicial, el jefe de Estado, Rosen Plevneliev, probablemente no pudiera imaginar que la vacante sería ocupada por una de las personas de mayor confianza que tenía: Ekaterina Zajarieva, jefa de su propia Cancillería Presidencial.

La nueva ministra de Justicia acaba de asumir arduas responsabilidades en medio de una situación compleja y contradictoria en torno a la reforma judicial, tanto en los medios políticos como también en el seno del estamento de los juristas y en las ONGs expertas en materia jurídica. La candidatura de Zajarieva para ministra de Justicia obtuvo el respaldo pleno sólo del partido GERB y del partido ABV. Los votos de la segunda fuerza más importante en la mayoría en el poder, el Bloque Reformista, se dividieron en: trece a favor, 6 abstenciones y uno, en contra. La flamante ministra disfruta, asimismo, del apoyo parcial de los grupos parlamentarios del Frente Patriótico y del Centro democrático Búlgaro, pero las importantes fuerzas opositoras que son el PSB y el Movimiento por Derechos y Libertades se le oponen tajantemente. Una parte de quienes rechazan a Zajarieva en los círculos políticos y profesionales son muy corrosivos y sarcásticos y califican a Zajarieva de una jurista floja, aunque se haya graduado en Derecho, y también de capacidad deficiente en la administración, a pesar de haber sido ella ministra en dos gobiernos interinos de Bulgaria.

Está reinando una situación complicada en torno a la reforma de Justicia no sólo en los partidos políticos, sino también en el gremio de los magistrados. Protagonizando una rebelión sin precedentes para los magistrados, la Unión de los Jueces de Bulgaria reclamó las dimisiones de todos los miembros del Consejo Superior de la Judicatura alegando que por una sucesión de resoluciones discutibles esta institución se había comprometido hasta el punto de “no poder cumplir más sus deberes”. Despertó la especial ira de los magistrados la enésima decisión del Consejo Superior, obviamente tomada bajo la presión del poder ejecutivo, de no elegir a la prestigiosa jueza Nelly Kutskova para presidenta del Tribunal de Apelación de Sofía. El presidente del Tribunal de Casación señaló que en los últimos meses vienen librando una guerra sin precedentes el status quo y la oligarquía contra la reforma judicial efectiva. Un grupo de jueces protestaron delante del Palacio de Justicia, por vez primera en la historia, y la ONG “Justicia para todos” insistió en que la nueva ministra incoara un nuevo procedimiento de cambios en la Constitución y depositara ante el Parlamento el proyecto de una nueva Ley del Poder Judicial, elaborada por su antecesor. Con la presión por dentro en el sistema de Justicia se solidarizaron, por fuera, los embajadores de Países Bajos y Gran Bretaña, tras haberse mostrado solidario antes el embajador de Francia con el anterior ministro búlgaro de Justicia.

Sometida a un fuego cruzado por parte de las fuerzas políticas, por representantes de su estamento profesional y por los círculos diplomáticos, la ministra Zajarieva anunció varias intenciones iniciales. Dijo que no tomará parte por nadie en las polémicas que desembocaron en la dimisión del ministro anterior. Señaló que obrará a favor de una Ley del Poder Judicial que, sin embargo, diferirá de la variante de su predecesor, para estar acorde con las nuevas disposiciones constitucionales surgidas tras las recientes enmiendas a la Ley Fundamental. Agregó que no promoverá nuevos cambios en la Constitución, por falta de tiempo, y que trabajará intensamente en torno a la Ley de Reforma judicial. Añadió que en relación con esto formará, a comienzos de 2016, un Consejo sobre la Reforma Judicial abierto a las comunidades de magistrados, la comunidad científica y la sociedad civil. La flamante ministra se abstiene de pronunciarse sobre asuntos controvertidos arguyendo que “la verdad está ahí por el medio” y asegura que aportará al diálogo y a “enterrar el hacha de guerra”. Para algunos esta posición de la ministra aparecerá como floja pero ella no tiene, de hecho, ni elección, ni tiempo. La continuación de las reformas constitucionales provocaría controversias durante meses o hasta años. Hasta finales de enero de 2016, la CE deberá emitir su enésima valoración sobre el avance en la reforma de Justicia en Bulgaria y así es mejor poder contar con ciertas reformas aunque a medias, bien encauzadas, antes que no tener ningunas. De momento Bulgaria no cuenta con una mayoría política y parlamentaria sólida para acometer objetivos más ambiciosos.

Versión en español por Mijail Mijailov