Ya se encuentra en su recta final el plazo para el debate público del proyecto de la Ley para contrarrestar el Terrorismo, hecho público por el Ministerio del Interior hace dos semanas. Hasta el vencimiento formal del plazo, el viernes, 17 de junio, no se esperan otras reacciones, aparte de las ya conocidas. La intención de una ley contra el terrorismo se acepta pero con reservas.
Si el proyecto se transforma en una ley, en la misma forma en que fue hecho público para la discusión, los servicios especiales podrán prohibir el acceso a Internet, el abandono del país e incluso, las citas con determinadas personas. Se volverá admisible la confiscación de documentos de identidad. Los efectivos militares obtendrán derecho a desempeñar funciones policiales como son las de registrar, cachear y arrestar a ciudadanos .En las zonas de operaciones antiterroristas se podrán restringir derechos cívicos, y cada persona deberá soportar las restricciones y colaborar con las autoridades. Los medios informativos deberán “transmitir inmediatamente y sin alteración alguna información indispensable para informar a la sociedad”, sin tener el derecho de revelar pormenores sobre las actuaciones de los servicios especiales.
El carácter drástico de algunas de las medidas contra el terrorismo está provocando un amplio descontento social. En el seno de las organizaciones defensoras de los derechos del hombre prima la idea de que los autores del proyecto se empeñan, por ley, en privar al ciudadano búlgaro de derechos constitucionales fundamentales. Según Mijail Ekimdzhiev, abogado defensor de los derechos del hombre, el proyecto es incluso “un atentado a los derechos humanos” y, si se convirtiera en una ley “alteraría el modo de vida de la gente, sus costumbres y sus valores”. Ha despertado especial indignación la posibilidad prevista de que los servicios especiales vigilen y escuchen a determinadas personas por un período 6 veces más largo que el actualmente permitido y, encima, no deberán informar sobre lo que vayan a hacer con los datos recopilados de este modo. Todo parece indicar que los autores del proyecto no han tomado en consideración la experiencia hasta ahora negativa que el país ha tenido en este sentido.
También se muestran reservados algunos expertos de los servicios especiales. El general Kircho Kirov, ex director de los servicios de inteligencia, comenta que por los numerosos actos terroristas cometidos en proximidad a las fronteras de Bulgaria, es apremiante la necesidad de aprobar una tal ley lo antes posible. Según el general, sin embargo, las restricciones de los derechos cívicos sólo son admisibles durante el desarrollo de operaciones antiterroristas y con un control riguroso de la actividad de los servicios especiales. Dimo Guiaurov, otro antiguo director de los servicios de inteligencia, entiende las cosas en forma similar. A su juicio, se trata de una legislación extraordinaria en la cual es indispensable describir muy nítida y detalladamente todos los procedimientos restrictivos para así evitar abusos. Coincide con el general Kirov en la necesidad de un control severo sobre las acciones de los servicios especiales. Sus medidas deberán ser autorizadas por el Tribunal Especializado.
Sin embargo, Jristo Smolenov, experto en antiterrorismo, tiene una opinión distinta. A su juicio, el Gobierno propone ahora una ley para contrarrestar administrativamente el terrorismo, y es que hasta ahora ningún país ha sido capaz de atajar el terrorismo con acciones administrativas.
En realidad, no es cuestionada la propia aprobación de una ley especial contra el terrorismo, sino el grado de restricción de las libertades individuales a favor de la seguridad del país, propuesto en el proyecto de esta ley. A ciencia cierta, será ésta la polémica fundamental en el transcurso del inminente debate parlamentario. Incluso los socialistas, entre los cuales existen dudas sobre la necesidad de una ley aparte contra el terrorismo y vislumbran en esto una propensión de los gobernantes a dotarse de poderes excesivos, aseguran desde ya que si el gobierno considera indispensable que haya una tal ley, no se negarán a respaldarla en el Parlamento. Los gobernantes estiman que la aprobación de esta ley se ha demorado y abrigan esperanzas de que la misma sea sancionada hasta finales del verano. Esto no estaría mal, ya que así se evitaría una innecesaria politización del debate por la campaña de las elecciones presidenciales este otoño.
Versión en español por Mijail Mijailov
