El Ministerio de Sanidad y su ministro, Petar Moskov, secundado por Krasen Kralev, ministro de Deportes consideran, al parecer, haber encontrado una solución radical para los problemas de salud de nuestros compatriotas. Por medio de un impuesto procurarán hacerlos desistir del consumo de alimentos insanos y nocivos con contenido excesivo de sal, azúcar, grasas y cafeína. Puesto que esta medida afectará a la mayoría de los hogares búlgaros, las reacciones públicas están siendo numerosas, violentas, dispares y polémicas, debido al aumento considerable de los precios de los alimentos de la llamada comida basura-o chatarra- los cuales serán gravados con nuevos impuestos que variarán de un 3 a un 78 %.

Estos alimentos, aunque desaconsejados por los galenos por las consecuencias nocivas que pueden acarrear, disfrutan de un buen número de consumidores que, por muy diversas razones o simplemente obligados por las circunstancias, recurren a ellos.

El propio ministro de Sanidad, Petar Moskov, asegura que, por medio de esta medida, él pretende lograr un efecto profiláctico antes que económico. Se espera no sólo un mejoramiento del estatus sanitario de la población, o sea, gastos menores para la Sanidad, sino también unos ingresos al erario público del orden de unos 75 millones de euros al año. Estos ingresos, según el ministro, se encauzarían a la construcción de gimnasios en las escuelas y el resto de centros docentes y en propiciar condiciones mejores para un modo de vida sano. Los empresarios, desde luego, andan descontentos, ya que los precios más altos rebajarán los ingresos de productores y comerciantes y, así, se reducirían las facturaciones y los beneficios. Además, enfatizan los empresarios y comerciantes, estos alimentos son los preferidos de las capas más pobres de la población y, así, sólo se deteriorarán complementariamente su sustento y su calidad de vida. Advierten, asimismo, que se cerrarán puestos de trabajo y esto disparará el desempleo y la pobreza, y es que casi la mitad de los búlgaros malviven en la pobreza.

Ambos bandos en esta polémica parecen esgrimir buenos argumentos pero, de hecho, en ambas posiciones hay buena dosis de populismo e hipocresía. Detrás de las buenas intenciones de los empresarios asoman intereses lobistas. Tras los planes bienintencionados de los gobernantes, muchas personas vislumbran una demagogia y una imitación de las tan largamente esperadas reformas en la Salud Pública.

Indiscutiblemente, una medida de este tipo surtirá sus efectos, pero es poco probable que los mismos sean exactamente iguales a los que esperan los ministros reformadores. Los complementarios 75 millones de euros para una vida saludable son una gota en el mar. Es que es un hecho notorio que los más de 1600 millones de euros, asignados anualmente a la Salud Pública, distan mucho de las necesidades reales de los búlgaros. Resultarán mucho más afectados los hombres de negocios y, concretamente, los empresarios que producen y comercializan los cuatro grupos de alimentos que serán gravados en forma adicional. Se espera un descenso en el consumo del orden de casi un 30 %, lo cual provocará la ruina de algunos negocios. Así las cosas, no habrá manera de no recurrir a una reducción de plantilla y a despidos de funcionarios y trabajadores que, por su bajo poder adquisitivo, optarán inmediatamente, precisamente, por los alimentos basura. Es un círculo vicioso del que nadie en el mundo ha podido encontrar una salida hasta el momento.

El nuevo proyecto de impuesto es tan contradictorio que, de momento, se pronuncian a este respecto en forma bastante cautelosa, tanto el ministro de Finanzas, Vladislav Goranov, de quien en definitiva dependerá la suerte que corra este impuesto, como también Ivaylo Kalfin, ministro de Trabajo y Política Social. El propio promotor del impuesto, el ministro de Sanidad, Petar Moskov, ha reconocido que “comenzamos una batalla que no será nada fácil. Mientras tanto, va aumentando la probabilidad de que el escabroso asunto llegue al propio Consejo Nacional de Cooperación Tripartita, del que forman parte representantes del Gobierno, la patronal y los sindicatos y al que corresponderá la última palabra.

Versión en español por Mijail Mijailov